COPARMEX pide a federación apoyo para proteger el empleo

La presidenta en Michoacán de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Lydia Nava Vázquez, anunció una nueva propuesta para la protección de empleos ante la crisis por el Coronavirus, en la que la organización solicita al gobierno federal que implemente los “Remedios Solidarios”, un esquema de participación tripartita en el que trabajadores, gobierno y empresas se unan con el fin de preservar empleos bajo tres modalidades: el Salario Solidario, el Seguro Solidario y el Bono Solidario.

“La COPARMEX estamos solicitando al gobierno federal que implemente los “remedios solidarios” necesarios que son en este momento y estamos buscando brindar una solución integral a la pérdida de empleo que estamos experimentando todos los días a consecuencia de la pandemia derivada del Coronavirus”.

El “salario solidario”, se trata de un esquema en el que gobierno pagaría una parte del salario del trabajador formal y el patrón otra, mientras el trabajador aceptaría recibir un monto menor, excepto aquellos que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos.

El Seguro Solidario, es un apoyo equivalente a un salario mínimo general de 3 mil 696.6 pesos para todos los trabajadores formales que perdieron su empleo entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre.  El Bono Solidario, consiste en una contribución del gobierno, equivalente a una proporción del salario del trabajador contratado, por un periodo de tres meses.

Nava Vázquez, informó que con el “Salario Solidario”, se verían beneficiados alrededor de 200 mil michoacanos.

“En el caso de Michoacán esperaríamos por ejemplo que en el mes de mayo si nos vamos a un retroactivo, tuviéramos alrededor de 200 mil trabajadores beneficiados en el tema de salario solidario”.

De acuerdo a la COPARMEX, el Gobierno federal solo ha implementado recursos equivalentes al 0.10% del PIB en medidas directas para apoyar a las empresas, y las tres propuestas de ‘Remedios Solidarios’ significarían 204 mil millones de pesos, los cuales no exceden el 1% del PIB para el financiamiento.

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