Por mayoría, el Congreso de Michoacán dio marcha atrás a las reformas a la Ley de Fiscalización que amplió a los presidentes municipales, síndicos y responsables de obra, así como al gobernador, la obligación de pagar una fianza anual para dar certeza en el desempeño de su encargo, que ya debían cubrir los tesoreros y titulares de organismos operadores de agua potable, como responsables de los recursos públicos que recaudan.
Además, los legisladores modificaron el procedimiento para establecer dicho monto, a fin de que no sea el auditor Superior el que lo determine sino los legisladores, de acuerdo a un estudio técnico, económico y social de cada municipio.
La propuesta fue presentada por los integrantes de la comisión de Fortalecimiento Municipal, quienes argumentaron que los lineamientos emitidos por el auditor, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda maneja montos genéricos sin hacer una evaluación de la realidad de los sujetos obligados.
Explicaron que el presidente municipal de Nahuatzen, que registra el mayor índice de pobreza del estado, pagaría una fianza de 831 mil pesos y al de La Piedad, 4 millones 73 mil; en tanto, el gobernador tendría que garantizar 2 millones 81 mil pesos y la secretaria de Salud, alrededor de 22 millones.
Señalaron que esta situación podría incluso condicionar la participación de un aspirante a un cargo de elección popular, que tendría que tener los recursos necesarios para cubrir la fianza, lo cual podría violar el artículo 35 de la constitución Federal que establece el derecho de todo ciudadano a votar y ser votado y votada, “no por la capacidad económica que estos posean para dejar una fianza”.
En consecuencia, se eliminó la obligatoriedad de dejar la fianza para los servidores públicos de elección popular, es decir, ediles y síndicos; pero ahora tendrían que garantizarla responsables de obra, tesoreros y titulares de organismos operadores de agua potable.
Además, se determinó que los lineamientos anuales de finanzas o cauciones, serán presentados por el auditor al presidente de la mesa directiva del Congreso, a fin que las comisiones de Fortalecimiento e Inspectora de la Auditoría Superior elaboren la propuesta que deberá presentarse al pleno para su aval.
El diputado perredista Octavio Ocampo Córdova, consideró “mal planteado el dictamen por tratarse de una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, que debiera tratarse de manera conjunta con la comisión de Régimen (y Prácticas Parlamentarias)”, pero consideró que el tema es del interés de todos.
A la consideración se sumó la legisladora Miriam Tinoco Soto, quien urgió a una reforma a la Constitución del Estado.
“Lo esencial que tenemos que retomar es la reforma al artículo 134 constitucional en su fracción décima (…), para darle solución a la complejidad que ocasionó la aplicación de dicha ley”.
