Al menos 40 ayuntamientos michoacanos promovieron un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos ante el Tribunal Electoral del estado, inconformes con el pago de la fianza a la que están obligados desde 2019 los presidentes municipales, síndicos y administradores, así como los responsables de obra pública y agua potable, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
El auditor de Fiscalización de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, explicó que los funcionarios municipales argumentan que existe una retroactividad en la norma, ya que fue aprobada en marzo del año pasado y fue hasta 2020 que publicó los lineamientos para que pudiera hacerse efectiva.
“La mayoría se han ido al tribunal electoral el estado, porque alegan que es una cuestión electoral, pero no es un requisito para ser candidato, ayer se los explicaba, es un requisito ya cuando son autoridades no cuando son candidatos. Por eso les decía que tuvieran cuidado en el sentido de que no es una cuestión electoral”.
En conferencia de prensa virtual, explicó que no existe retroactividad en la norma, ya que sólo deberán pagar lo correspondiente a 2020 y 2021; no obstante también reconoció que los legisladores dejaron una laguna en la norma, ya que no establecieron a partir de cuándo tendría que hacerse efectiva la disposición.
Además, lamentó la resistencia de los ediles michoacanos a cumplir con el pago de la fianza que, hasta antes de la reforma a la Ley de Fiscalización, sólo era obligatoria para los tesoreros.
“Ellos entran en septiembre del 2018, la ley sale en marzo del 2019 y los lineamientos los saco en mayo del 2020 porque no se cumplieron los términos, que es ahí donde ellos dicen “oye yo entré en 2018 y no estaba ese requisito, no lo pueden hacer retroactivo, tienen razón”, pero necesitamos el artículo transitorio, primero que diga que es anualizado y se da por ejercicio fiscal, segundo a partir de cuándo lo vamos a aplicar y esas son las lagunas que existen”.
Aguirre Abellaneda, explicó que con el cambio se busca que la responsabilidad en la aplicación de los recursos recaiga en toda la administración municipal y no sólo en los tesoreros, de tal manera que tendrían que garantizar mediante una afianzadora o un inmueble, el equivalente al 3% del presupuesto municipal.
Informó que el plazo vencería a fin de este mes, pero ante la inconformidad manifiesta les otorgó 30 días hábiles, por lo que tendrán oportunidad de garantizar la fianza hasta mediados de agosto.
