Tras la determinación de la Fiscalía estatal Anticorrupción de no ejercer acción penal por enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht, el coordinador de los diputados locales del PRD, Antonio Soto Sánchez, se pronunció a favor de que se inicie una investigación para determinar si por la omisión de algún servidor público no fue posible seguir el proceso contra al menos un ex funcionario estatal que habría sido sobornado por la empresa brasileña cuando se encontraban a cargo de la construcción de la presa Francisco J. Múgica entre 2008 y 2012.
Luego de que el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, señaló que el caso prescribió de debido a que ningún gobierno presentó denuncia penal pese a las irregularidades detectadas, el legislador dijo desconocer si las administraciones que encabezaron Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, así como el gobernador Silvano Aureoles Conejo, tuvieron los elementos para proceder al respecto.
“Si en aquel tiempo la Procuraduría, la Secretaría de Gobierno, no sé qué dependencia, e incluso la Consejería Jurídica sí tenía todas las pruebas, todos los indicios que les permitieran hacer la denuncia en tiempo y forma, eso no lo sé”.
Sin embargo, debido a que en el expediente se señala que la Consejería Jurídica no acudió al llamado de la Fiscalía Anticorrupción, Soto Sánchez no descartó que pueda tratarse de una omisión, en la “que habría que ver qué implicaciones tiene, qué responsabilidades hay y de qué funcionario se trata”.
Señaló que “si un funcionario sabía, tenía elementos y se le avisó y no lo hizo, pero hubo una prescripción hay una responsabilidad que vale la pena que se revise”.
El legislador consideró que en ningún orden de autoridad puede haber omisión cuando se afectación al erario público se refiere, por lo que comprometió que revisará el tema para llevarlo hasta las últimas consecuencias.
