La Fiscalía Anticorrupción de Michoacán determinó no ejercer acción penal por del delito de enriquecimiento ilícito, que denunció en noviembre pasado el Comité Ciudadano Anticorrupción, ya que al menos dos ex funcionarios estatales habrían recibido recursos como presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, cuando se encontraban a cargo de la construcción de la presa Francisco J. Múgica entre 2008 y 2012.
A más de seis meses que se presentó la querella, la Fiscalía notificó al órgano ciudadano que el delito prescribió seis meses antes, además que requirió a la Consejería Jurídica del Gobierno estatal para aportar elementos, pero no obtuvieron respuesta.
La presidenta del Comité, Elvia Higuera Pérez, informó en sesión virtual que la semana pasada se les notificó “el acuerdo mediante el cual la Fiscalía determina la no procedencia de la denuncia y la carpeta de investigación”
Señaló que la prescripción se determinó bajo dos argumentos: “Uno, que considera que el Comité de Participación Ciudadana no es la víctima directa que resulte afectada por el hecho de corrupción que se está denunciando (…) y dos, que se mandó llamar a la Consejería Jurídica del gobierno del estado para que ellos hicieran suya la denuncia que había presentado el Comité sin que la consejería hubiera dado respuesta positiva”.
De acuerdo a la denuncia, el Comité Ciudadano aportó 62 elementos como indicios a la Fiscalía Anticorrupción, entre ellos, evidencias de números de cuentas y apertura de cuentas en otros países, a los que se hicieron tres traspasos, uno en 2008 por 50 mil dólares, otro en 2010 por 70 mil euros y uno más en 2011 por 28 mil 218 euros.
El traspaso habría estado a cargo de la empresa Klienfeld, ya desaparecida, pero que, de acuerdo a la documentación, era utilizada por Odebrecht exclusivamente para el pago de sobornos.
Sin embargo, luego de más de 6 meses de que se presentaron los elementos, la Fiscalía argumentó que “transcurrió en exceso el término para denunciar”, además de señalar que la querella no fue presentada por el gobierno de Michoacán que se considera la víctima del delito.
En consecuencia, la presidenta del Comité Ciudadano, consideró que el responsable de permitir que prescribiera el delito fue el gobierno de Michoacán, en específico las administraciones a cargo entre el 2 de febrero del 2008 y el 9 de marzo del 2011, cuando se cometieron esos delitos.
“En su momento quien tuvo que haber presentado la denuncia era el gobierno de Michoacán y no lo hizo, cuando se empezaron a investigar los hechos, quien tuvo que presentar la denuncia fue el gobierno y no lo hizo, nosotros lo hicimos en el 2019”.
Integrantes del Comité Ciudadano, señalaron que están imposibilitados a apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que buscarán ahora configurar un nuevo delito.
