Sin recibir recursos extraordinarios de la federación, el gobierno de Michoacán ha destinado cerca de 1 mil millones de pesos para atender la pandemia por el COVID-19, lo que ha implicado cancelar programas y la actividad ordinaria de la administración pública, para atender la salud y garantizar la vida de la población, como el tema más urgente.
El mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, informó que no se tenían los recursos y su capacidad es limitada.
“Mira, yo creo que en lo que vamos hemos invertido cerca de mil millones de pesos de recurso que no teníamos para eso, cancelamos programas, paramos todo lo ordinario para atender lo urgente que es la salud y la vida, pero no vamos a poder”.
En entrevista colectiva en el centro histórico de Morelia, calculó que aún falta la parte más difícil, ya que se calcula que podría retomarse actividades hasta junio y de no tomar medidas para mitigar los efectos negativos, será más difícil atender la crisis económica que la de salud.
“Yo espero que pase la parte más difícil pronto, en junio, y que nos permita relanzar actividades, porque se cayó la recaudación, los negocios están cerrados, las empresas están paradas la inmensa mayoría, no hay movimiento de recursos y eso sí nos genera un verdadero reto. La crisis de salud va a ser muy difícil, pero si no tomamos medidas a tiempo va a ser más difícil la económica que viene inmediatamente”.
Aureoles Conejo, reiteró que hasta la fecha, el estado sólo ha recibido los recursos federales ordinarios, por lo que reiteró su llamado al gobierno de la República para que apoye a la entidad.
“Llegan los recursos que ordinariamente nos llegan, no extraordinarios como lo he dicho, por eso lo he estado pidiendo al Presidente de la República que nos ayude, porque en la condición extraordinaria, requerimos del centro.”
El Ejecutivo Estatal reiteró la urgencia de que se revise el pacto fiscal, ante la inequidad que representa en la distribución de recursos, pero se pronunció en contra de quienes promueven su salida de este esquema; consideró que lo viable es realizar una revisión a fondo del acuerdo de voluntades que está vigente desde hace 25 años, para que se otorguen más recursos a estados y municipios.
