En Michoacán, el aislamiento social al que ha obligado la emergencia sanitaria nacional por el Coronavirus, cayó como “anillo al dedo” a temas como la fiscalización y rendición de cuentas, ya que la atención y preocupación ciudadana se encuentran totalmente enfocadas en las crisis de salud y económica que ya se ciernen sobre el país.
Salvo las notas publicadas por algunos medios de comunicación, este año pasó prácticamente desapercibida la dictaminación de las cuentas públicas municipales, que debe realizar cada año el Congreso del estado a más tardar el 31 de marzo.
El proceso de análisis de las correspondientes al 2018 a cargo de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública concluyó un día antes del vencimiento legal, pero ante la imposibilidad de convocar a una sesión del pleno para someter el tema a votación, los legisladores michoacanos señalaron que con ese trámite darían por cumplido lo que establece la norma.
En cuatro reuniones de trabajo, diputados y asesores dieron por concluida la revisión de los informes integrados por la Auditoría Superior de Michoacán en relación a los 113 gobiernos municipales y en los que no se consigna monto ni número de las presuntas irregularidades detectadas para no violentar lo que establece la Ley estatal de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.
Pero los informes no sólo dejaron al descubierto una serie de anomalías administrativas, financieras y de obra pública con las que operaron en 2018 prácticamente todos los ayuntamientos, sino también las deficiencias con las que, al parecer, realizó esta labor el órgano fiscalizador estatal durante el tiempo que Artemio Zaragoza Tapia se desempeñó como encargado de despacho.
Y es que, en un análisis que realizó la Comisión Inspectora del propio Congreso local y que se incluyó en el dictamen general, se detectaron diversas inconsistencias en los informes entregados, por ejemplo:
En el caso de 11 ayuntamientos, el número o contenido de observaciones no coincide con el informe general.
En los informes de Numarán y Tanhuato, los Estados Financieros presentados corresponden a las cifras de otros municipios.
En algunos casos se señala que se ratifican las observaciones y luego se precisa que están en valoración.
En Coalcomán, la auditoría de obra se refiere al ejercicio 2017.
El dictamen fue entregado a la presidencia de la Mesa Directiva que deberá enlistarlo en la próxima sesión del pleno legislativo, autoridad que tendrá la última palabra en este tema, aunque las expectativas de que las irregularidades deriven en sanciones son mínimas. El documento no establece si los legisladores aprueban o rechazan el trabajo realizado por el órgano fiscalizador, sólo se consideran revisadas y fiscalizadas las cuentas públicas de 113 haciendas públicas municipales.
Aunado a esto, la Auditoría conservará bajo reserva y confidencialidad los informes de resultados con las observaciones derivadas de las presuntas anomalías detectadas y, en consecuencia, no se podrá conocer siquiera la dimensión de las faltas cometidas.
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