Luego de prácticamente una semana desaparecida, María Guadalupe del Toro Morales, fue encontrada sin vida en un terreno de la colonia La Aldea de la capital michoacana, el 30 de diciembre del año pasado. La necropsia reveló que la madre de familia de 36 años de edad murió por asfixia mecánica.
Su esposo Martín fue detenido por la Fiscalía General del Estado, como presunto responsable del feminicidio de la mujer con quien procreó 2 hijos, pero a casi 10 meses de los hechos, la audiencia intermedia del caso fue suspendida este miércoles por el juez de Control, Mauricio Wilfrido Ruiz Navarrete.
De acuerdo a la abogada María Elena Mireles, la víctima decidió separarse de Martín desde abril del año pasado, luego de alrededor de 15 años de matrimonio por la violencia que sufría.
Relató que decidió no llevarse a sus hijos, uno de 11 y otro de 15 años, en espera de recuperarlos después; en diciembre acudió por uno de ellos para festejar su cumpleaños, “lo lleva a comer y divertirse” y le comprometió llevarle un regalo al día siguiente.
Guadalupe era propietaria de una estética y trabajaba en otro lugar que no se especificó, por lo que al medio día del 23 de diciembre pasado fue a la casa de su ex pareja, pero no encontró a ninguno de sus hijos, sólo a Martin.
En el relato, la abogada precisó que en la audiencia inicial se aportaron testimonios y pruebas que señalaron que la mujer y Martín discutieron al interior de la vivienda, luego él la llevaría a un lugar cercano a la Aldea, donde consumó el crimen.
Tras presentarse la denuncia por la desaparición, la Fiscalía inició las indagatorias y el presunto responsable le confesó a su hermano lo que había hecho, incluso lo llevó al sitio donde encontraron el cuerpo de la mujer, envuelto en bolsas de plástico y maniatada con cinta canela, además de sangre en el vehículo de su esposo.
La abogada aseguró que, desde enero, Martín confesó ante la Fiscalía el crimen que cometió, pero en la audiencia de este miércoles, la discusión se centró en la ineficiencia de la parte acusadora y de los propios abogados defensores.
El juzgador reprochó la “omisión y falta de coordinación”, entre representantes de la Fiscalía, la procuraduría de la Defensa del Menor del DIF estatal y la Comisión de Atención a Víctimas, que no lograron precisar el lugar donde se encuentran actualmente los hijos de la pareja, identificados como E.G.T. y S.G.T.
A la audiencia acudió una hermana, así como un sobrino y una sobrina de María Guadalupe, vestidos de blanco y una playera con la leyenda “Vives en cada Latido”.
Martín, el presunto responsable del feminicidio fue ingresado a la sala cerca de 20 minutos antes de que iniciara la audiencia. Con camiseta blanca y pantalón gris, por primera vez en el proceso hizo una intervención verbal para pedirle al juez más tiempo para decidir si acepta el procedimiento abreviado.
Requeridos por el juez sobre esta posibilidad, los Ministerios Públicos aseguraron que mantendrían el proceso, pero los defensores públicos señalaron que la Fiscalía ofertó una sentencia de 17 años de prisión e incluso una reducción de pena. Señalaron que Martín estaba dispuesto a poner una propiedad a nombre de sus hijos, además de garantizarles la reparación del daño en efectivo si el Ministerio Público aceptaba liberar una casa asegurada.
El juez de Control cuestionó la postura del imputado, al considerar que condicionaba el pagar la manutención de sus propios hijos, a la vez que aclaró a la Fiscalía que no tienen facultades legales para proponer como acuerdo la sentencia, ya que es una atribución exclusiva del Poder Judicial.
Preguntó entonces el lugar y condiciones en que se encuentran los menores, pero ni el asesor de la Comisión de Víctimas, el representante de la
Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF, quien aclaró que es un suplente, o los ministerios públicos lograron darle la información.
El funcionario del DIF sólo atinó a decir que se les realizó una visita hace un tiempo indefinido a Metepec, en el Estado de México.
Visiblemente molesto, el juez Mauricio Wilfrido Ruiz Navarrete, les dio un plazo de 5 días hábiles para proporcionarle la información, y advirtió que, de lo contrario, les impondrá una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 4 mil 340 pesos; requerirá a sus superiores y remitirá su caso a las contralorías respectivas.
No obstante, en respuesta a la petición de Martín, suspendió la audiencia y la reprogramó para el 18 de noviembre a las 9:00 horas, no sin antes advertir a los dos defensores públicoss que, de no presentarse, serán sancionados con una multa equivalente a 30 UMAS, es decir 2 mil 600 pesos.
Familiares de Guadalupe, rechazaron emitir alguna postura sobre el caso, temerosos de alguna represalia, pero reclamaron de manera pública al asesor victimal que ni siquiera un mensaje o llamada les contesta.
